sábado, 8 de diciembre de 2018

LAS PISTAS DEL DECRETO Y LA LEY


LAS “CLAVES” SOBRE LA GUERRA DEL BEAGLE

Para comprender lo que ocurrió en aquel verano de 1978 se debe tener en claro el concepto de la palabra guerra y dar un vistazo a la normativa específica de la época y a los manuales militares sobre la llamada guerra de maniobras.






 El teniente general (r.) Balza en el foro sobre el Beagle 
desarrollado en el Congreso de la Nación.


El pasado 5 de diciembre se realizó en dependencias del Congreso de la Nación un foro sobre el Beagle, encuentro al que fui invitado pero lamentablemente no pude asistir. Me llamó la atención la presencia del teniente general (r.) Martín Balza, quien destacado en su accionar en Malvinas no podemos decir lo mismo respecto de los acontecimientos de 1978.
Balza ha manifestado ante la prensa chilena su desacuerdo con aquella movilización, el estado lamentable de las fuerzas armadas argentinas en aquel entonces y la seguridad de que la guerra hubiese sido ganada por el país trasandino. Hay testimonio de ello en Youtube registrado por la televisión chilena. No nos detendremos en esto, dado que en el libro“Hubo penas y olvidos” –entendemos- están los argumentos técnicos y testimoniales que refutan tal postura. Pero no podemos dejar de sorprendernos ante el hecho de que, en vísperas de un año electoral, el militar retirado reaparezca en escena “apoyando” ahora la causa. Cuidado.
Y la advertencia se funda en que en dos años electorales durante el gobierno del kirchnerismo se presentaron una docena de proyectos de ley, muchos de los cuales siquiera fueron ingresados para su tratamiento en comisiones (paso obligado antes de ser ingresados al orden día en las sesiones)
Lo que sí destaco es lo que me han comentado algunos asistentes a dicho encuentro respecto de que Balza les indicó que la clave de todo está en el “decreto ley 2348/78”. Verdad a medias que amerita una adecuada aclaración:
01.- No es un decreto-ley, dado que no intervino la C.A.L. en su redacción (Comisión Asesora Legislativa, que reemplazó la función del Congreso de la Nación durante el gobierno militar de 1976 a 1983).
Se trata de un decreto, firmado por José Alfredo Martínez de Hoz como ministro de economía y por el teniente general Jorge Videla en su doble rol de presidente de la nación y comandante supremo de las fuerzas armadas.
Ese decreto fue el que dispuso la –hasta ahora- movilización militar más grande de la historia argentina y del continente.
Sugerimos al respecto ver el artículo subido en este blog bajo el título “Dónde se originó y cómo se instrumentó” publicado en julio de este año.
02.- Pero mientras aquel decreto es la prueba de la existencia del masivo desplazamiento de tropas que nos tocó protagonizar, como la otra cara de una misma moneda, se debe tener en cuenta el artículo 33 de la ley 16.970/66 (Ley de Defensa Nacional) que disponía que solo en caso de guerra se podían crear teatros de operaciones:

Artículo 33: En caso de guerra el Presidente de la Nación podrá declarar Teatro de Operaciones a parte del territorio nacional.
Artículo 49: La movilización es el conjunto de medidas y procedimientos por los cuales se adecua parcial o totalmente el potencial Nacional para satisfacer las exigencias de la Seguridad Nacional.

Así, el Decreto 2348/78 y la ley 16.979/66 son el marco normativo y el fundamento más acabado de que existió una guerra por el canal del Beagle, islas e islotes adyacentes.
Por lo demás, “guerra” no es sinónimo de disparos de armas de fuego, prisioneros, heridos y muertos. “Guerra” es un estado, contrario al de paz. Así se define a la guerra como “estado contrario al de paz”, y viceversa. Es como la relación conceptual entre salud y enfermedad. Salud es un estado contrario al de enfermedad.
Y a lo contenido en las normas antes citadas se deben agregar los conceptos de los manuales militares de le época respecto de la llamada guerra de maniobras con sus cuatro etapas: 1) Movilización de los medios requeridos, 2) Concentración de los medios, 3) Desplazamiento hacia el lugar elegido, y 4) Articulación para la batalla.
En 1978 tras dictarse el Decreto 2.348 (movilización) y aplicado lo dispuesto por la ley 16.977 (teatros de operaciones), se dio cumplimiento a aquellos 4 estadios finales conforme al ORBAT (Orden de Batalla) y el Rol de Combate asignado a cada brigada, regimiento, batallón, compañía y sección quedando involucradas las tres fuerzas.
Se puede completar este cuadro de afirmaciones con lo siguiente.
Por el artículo 33 de la ley 16.977 se crearon solo dos teatros de operaciones:
01.- Teatros de Operaciones Nor Oeste (TONO): Comandante General Luciano B. Menéndez.
02.- Teatro de Operaciones Sur (TOS): Comandante General José Antonio Vaquero.
La acción principal se iba a desarrollar en jurisdicción del T.O.S. (en el continente) y por eso allí concentraron las unidades con mayor poder de fuego, incluyendo a la Infantería de Marina que dejó de depender de la Armada y pasó a hacerlo del Ejército. Hay que destacar también que, contrariamente a lo que se pueda sostener, no hubiera sido esta una guerra aero-naval. Las acciones principales, y la definición de la suerte del conflicto, serían en la parte continental (siquiera en las islas comprometidas que ya estaban fortificadas y minadas por los chilenos desde meses antes al decreto 2.348).
Por su parte las tropas movilizadas hacia la frontera Este (Brasil) lo hicieron como Batallones de Protección (conformado en su mayoría por reservistas en todas sus jerarquías) y en esa zona no se creó un teatro de operaciones por una cuestión táctica: de hacerlo, hubiese implicado una declaración de guerra no formal a la República Federativa del Brasil y una regionalización del conflicto que era lo que buscaba Chile (con la entrada en la guerra de Brasil y Ecuador por un lado y Bolivia, Perú y Colombia por otro)
Por todo lo aquí expuesto, se puede afirmar entonces que las “claves” para entender qué fue lo que en verdad ocurrió en aquel 1978 están en el decreto 2348, en la ley 16.977 y en los manuales militares sobre guerra de maniobras. Nada de esto contemplaron los proyectos de ley que fueron presentados y sucesivamente perdieron estado parlamentario.

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