El prólogo de la movilización militar más grande de Argentina
Para precisar un punto de inicio a la
historia, dentro de la historia, de lo que ocurrió en el verano de 1978 en
nuestro país, debemos remontarnos en el tiempo al 22 de julio de 1971 y
trasladarnos a la ciudad de Salta.
En esa jornada y en ese lugar, el entonces
presidente de Chile Salvador Allende y el de Argentina, Teniente General
Alejandro Lanusse firmaron el documento titulado: Compromiso de Arbitraje entre Chile y Argentina: Solicitud de Laudo
Arbitral.
Así, las partes habían acordado someter sus
diferendos limítrofes a la corona británica, la cual debía actuar con un
tribunal compuesto por cinco juristas internacionales elegidos por Chile y
Argentina, y cuyo dictamen –para ser notificado a las partes en pugna- debía
ser aceptado o rechazado por la reina de Inglaterra, sin modificaciones de
ninguna naturaleza.
En ese contexto fueron seleccionados los
juristas Hardy Dillard (EEUU), Gerald Fitzmaurice (Gran Bretaña), André Gros
(Francia), Charles Onyeama (Nigeria) y Sture Petrén (Suecia).
En 1972 la corte ya constituida estableció
su sede en Suiza y en 1976 sus integrantes, embarcados, recorren parte del
canal del Beagle.
Y fue aquel acuerdo el que derivó
finalmente en el denominado Laudo
Arbitral de 1977, dictado el 5 de mayo de ese año, aunque fue dado a
conocer a la opinión pública recién el día 12.
Pero llegar a este no le resultó fácil a
Lanusse. Tras la firma del acuerdo de Salta, un grupo de jóvenes de la Fuerza
Aérea argentina y los jefes de algunas unidades del Ejército encarnando al
sector nacionalista de las fuerzas armadas vieron con desagrado la cuestión y
se sublevaron. Pero el levantamiento no tuvo éxito, y pese a ello no se
adoptaron sanciones para los revoltosos muchos de los cuales luego se
destacarían como aviadores en la guerra de Malvinas.
Sofocada la rebelión, diría Lanusse que “Un grupo de oficiales del Ejército,
imbuidos de una ideología crudamente reaccionaria, ha pretendido erigirse en
árbitro del futuro argentino, en un intento absurdo, oscurantista y retrógrado,
destinado a torcer el rumbo de la historia y contrario a la tradición de
nuestras armas”.
NULIDAD
ABSOLUTA
El laudo reconocía derecho de navegación
por aguas del canal del Beagle a ambos países, pero adjudicaba la mayor
cantidad de territorio isleño a Chile (incluyendo la totalidad de Picton, Lenox
y Nueva) con lo cual admitía su proyección sobre el Atlántico. Es por esto que,
ya durante el gobierno del Teniente General Jorge Videla, Argentina declaró al
laudo nulo, de nulidad insanable y absoluta. ¿Qué significaba esto? Que nuestro
país no reconocía la resolución y no daba posibilidad de que se efectuaran enmiendas,
correcciones o modificaciones.
Cuando se recibió en nuestro país el citado
laudo hubo un malestar generalizado en las autoridades nacionales, que incluso
motivó el desplazamiento de unas pocas unidades del Ejército hacia la zona
fronteriza Oeste. Pero recién el 25 de enero de 1978 Buenos Aires comunica
formalmente a Santiago el rechazo.
Los fundamentos de la justa y lógica postura
estaban en que el laudo se asentaba en imprecisiones geográficas, errores históricos,
malinterpretación de añosos planos e intencionada deformación del alegato
presentado por nuestro país, lo cual se tradujo en una evidente parcialidad de
los redactores del laudo en cuestión. Tal vez, el error esencial de nuestro
país fue haber aceptado la presencia de los juristas norteamericano y
británico.
A partir de allí ya entramos en la historia
medianamente conocida, al menos para sus protagonistas. El 5 de octubre d 1978 (publicada
en el Boletín Oficial recién el 11 de ese mes) el titular del Poder Ejecutivo
firma el Decreto 2.348 disponiendo la movilización de tropas con la
reincorporación de las clases 1952, 1953, 1954, 1955 y 1958 para sumarlas a la
1959 que entonces estaba cumpliendo con el Servicio Militar Obligatorio.
También se reincorpora al servicio activo al personal de las tres fuerzas en
situación de retiro y a los oficiales y suboficiales reservistas. Era el
puntapié inicial del “Operativa Soberanía”,
planificado desde poco tiempo antes y que comenzaba a hacerse visible.
Es destacable que, al otro lado de la
cordillera de Los Andes, el desplazamiento de tropas había comenzado entre
fines de agosto y comienzos de septiembre, incluyendo la ocupación de las tres
islas principales por tropas de la Infantería de Marina que procedieron a minar
las playas y fortificar con todo tipo de obstáculos antidesembarco. Y es
probable que, por esta razón y el principio de que el atacante elije el
escenario, se haya mudado el inicial y esencial de las hostilidades, cambiando
el propio canal y las islas en disputa por territorio continental dándose prioridad
a la invasión de territorio chileno con la captura de ciudades importantes como
Puerto Natales y Punta Arenas entre otras.
