TRISTE Y SOLITARIO FINAL

¿DÓNDE ESTÁ EL TANGO 01 DE 1978?

 Poco se sabe de las historias de la movilización más grande registrada en la República Argentina, mucho menos de la suerte corrida por algunos destacados vehículos que contribuyeron a concretar aquel desplazamiento de tropas y equipos.

     El TC-91 (ex Tango 01) aún en su época de esplendor. Transportó a

     miles de soldados hacia el Teatro de Operaciones Sur (T.O.S.) en diciembre de 1978.

Las fuerzas armadas chilenas habían comenzado, en forma cautelosa, el desplazamiento mucho antes que sus pares argentinos previendo lo que sería el desenlace del rechazo al laudo de la corona británica sobre el canal del Beagle concretado en enero de 1977.

Para julio de 1978 las unidades principales del ejército y la infantería de marina de Chile ya estaban casi todas en sus respectivos acantonamientos. Argentina demoró un poco más en poner en marcha su aparato de guerra y recién a mediados de octubre de ese año hace lo propio.

La demora debió suplirse con velocidad una vez impartida la orden. Y desplazar 250.000 efectivos con todo su equipamiento no resultó tarea sencilla. Las unidades que estaban más próximas a sus destinos dentro del Orden de Batalla se desplazaron por tierra en sus propios vehículos (camiones Mercedes Benz y Unimog, jeeps IKA, ómnibus Mercedes Benz 1114 y camionetas Ford F-100). Los que requerían una distancia media lo hicieron a través de la amplia red ferroviaria de aquella época.

Pero muchas unidades, lo cual implicaba miles y miles de tropas y toneladas de equipamiento no tuvieron aquella suerte. Para ellos se diagramó y puso en práctica un complejo, pero efectivo, sistema de desplazamiento combinado. Este diagrama estuvo principalmente destinado para las unidades del I y II cuerpo de Ejército.

Vehículos, municiones, armamento y demás elementos complementarios fueron despachados a través de la flota de ELMA (Empresa Líneas Marítimas Argentina) cuyos buques zarpaban sin solución de continuidad desde los puertos de Santa Fe, Corrientes, Paraná, Buenos Aires, Bahía Blanca. A bordo, a las citadas cargas se sumaban –y a modo de resguardo- secciones compuestas por efectivos de las unidades a la que pertenecía la misma.

Para el resto de los elementos de esas unidades se dispusieron aviones de transporte de tropa y carga pertenecientes a la Fuerza Aérea Argentina que decolaban desde los aeropuertos de Paraná, Fisherton, El Palomar y Comodoro Rivadavia. Y desde allí se iniciaba una suerte de posta. En muchos casos los vuelos solían hacerse con escalas y cambio de aeronaves y al final del camino –o próximo al destino inmediato- las tropas se reencontrarían con sus vehículos y armamento para continuar el desplazamiento por tierra (por lo general sus buques dejaban sus cargas en Puerto San Julián –o ya en Tierra del Fuego- y retornaban de inmediato al puerto de partida por más equipamiento)

Para aquellos tramos aéreos se requerían aeronaves que permitieran el transporte de la mayor cantidad de efectivos por viaje. Y entre las destinadas a tal fin estuvo el llamado “Tango 01”, que en verdad, para entonces ya era “TC-91”.

Recuerdo que entre los involuntarios pasajeros se comentaba “es el avión presidencial”. Lo cual resultó una verdad a medias.

Es que investigando con el transcurso del tiempo pudimos determinar que aquella aeronave era un Boeing 707-320C, fabricado en 1974. Se trataba de un avión “intercontinental”, como se decía entonces, que había adquirido el presidente Juan Domingo Perón pero que nunca llegó a ocupar.

La aeronave llegó al país en junio de 1975 cuando Isabel Martínez ya lo sucedía al general Perón por su fallecimiento. La Argentina estaba sumida en una profunda crisis económica, social y política lo cual también fue un insalvable obstáculo para que la máquina sea utilizada para los fines que había sido comprada: llevar al presidente y su comitiva a distintos y lejanos países para insertarnos en el concierto de naciones.

Si bien el 707-320C había sido concebido por el fabricante como un avión esencialmente comercial, en Estados Unidos habían comenzado a darle también un uso militar denominándolo C-18. Y por esto cuando el gobierno argentino lo encarga lo hace preparar para transporte de pasajeros y carga, dotándoselo de un tren de aterrizaje propio de los aviones cargueros. Adentro, el confort de butacas y paneles propios para las personas a transportar en forma cómoda y segura.

Ante la citada crisis nacional y dado que la máquina permanecía varada en la Base Aérea de El Palomar sin uso alguno, la presidente de la nación anunció que sería destinada a la flota de Aerolíneas Argentinas. La promesa no se concretó y tuvo lugar una protesta pública de APLA (Asociación Pilotos de Líneas Aéreas) que a través de solicitadas en los principales medios de comunicación gráficos reclamaba su cumplimiento.

Las solicitadas dan cuenta que se había pagado por la aeronave u$s 15.000.000,00 (unos 100.000 millones de pesos de la época) y el T-01 permanecía casi en estado de abandono en las pistas secundarias de El Palomar, mientras que Aerolíneas Argentinas debía alquilar aviones y cancelar vuelos por la falta de unidades. Pese a ello el traspaso tampoco se concretó. El final de la democracia estaba cerca y la cúpula de la aviación militar tenía otros planes para la aeronave.

Consumado el golpe de marzo de 1976 la máquina pasó formalmente a la órbita de la Fuerza Aérea y en 1977 fue enviada a la sede del fabricante en Estados Unidos para hacerle colocar una rampa posterior que mejorara las tareas de carga y descarga.

Regresado al país, se le cambió la nomenclatura de T-01 por la de TC-91 y en 1978 fue destinado a apurar el transporte de tropas hacia el Sur y Oeste del país, junto a otros dos Fokker F-28.

Para permitir la admisión de la mayor cantidad de soldados se le dio la denominada “configuración Vietnam”. Es decir, se le retiraron todas las butacas, rieles de base y paneles divisorios interiores. Con ese espacio liberado los soldados se ubicaban sentados en el suelo, prácticamente encajados unos contra otros, sentados sobre el piso con las piernas abiertas para permitir que se “ensamble” un compañero y el fusil iba con la culata también afirmada en el piso. Entre octubre de 1978 y febrero de 1979 las 4 turbinas a reacción del Boeing trabajaron a full llevando primero, y regresando luego, personal militar.

 

              El TC-91, olvidado y abandonado, poco antes de ser rematado como chatarra.

                               

El TC-91 (otrora T-01) prestó servicios hasta 1992, año en el que fue reemplazado por un Boeing 707-200 (el cual operó hasta su baja en el año 2016). Y así, al igual que el portaaviones ARA 25 de Mayo pasó al olvido prontamente.

En noviembre de 2017 el viejo TC-91, desprogramado y con varias piezas faltantes que lo tornaron no apto para ser volado, habría sido subastado por el Banco Ciudad siendo adquirido en $ 240.000 aproximadamente con destino a desguace para repuestos por una empresa norteamericana.

DÓNDE SE ORIGINÓ Y COMO SE INSTRUMENTÓ.

LA MASIVA CONVOCATORIA DE OCTUBRE DE 1978

El breve y a la vez amplio Decreto 2348 del Poder Ejecutivo Nacional dispuso la reincorporación de suboficiales y oficiales retirados y de 5 clases de soldados que se sumaron a la que estaba cumpliendo con su servicio militar obligatorio. También se afectó a la movilización al personal civil de las fuerzas armadas.

   Volver al cuartel y a la disciplina militar le tocó en suerte a los

 soldados clase 1952/53/54/55 y 58 para brindar apoyo 

a la ya incorporada clase 1959.

En algunas de las oportunidades en la que se aborda el tema de la guerra por el canal del Beagle se suele hacer referencia a ésta como la mayor movilización en la historia de las fuerzas armadas argentinas triplicando o cuadruplicando, incluso, la ocurrida durante la de Malvinas.

Esta movilización fue consecuencia de la convocatoria de la reserva formulada a través del Decreto 2348 que lleva las rúbricas de Jorge Rafael Videla y José Alfredo Martínez de Hoz en sus roles de presidente y ministro de economía.

Firmado el 5 de octubre de 1978 su cumplimiento fue inmediato, aunque la publicación en el Boletín Oficial se concretó recién el día 11 de ese mes.

Por el artículo 1° se dispuso convocar “al personal de la reserva fuera de servicio, pertenecientes a las clases 1952, 1953, 1954, 1955 y 1958, en sus respectivas jerarquías, a partir del día y hora y que en forma expresa fije la cédula de llamada, en la cantidad y forma que determine el Comando en Jefe de cada Fuerza”. Es decir, en lo que a tropa refiere se sumaban 5 clases de conscriptos a la ´59 que ya se encontraba alistada.

Respecto del personal de carrera, es decir suboficiales y oficiales el artículo 2° determinó dar de alta “al servicio activo al personal militar retirado que cada Fuerza Armada aprecie conveniente, a partir del día y hora que en forma expresa fije la cédula de llamada” y por el artículo 7° se aclaró que “La convocatoria incluye al personal civil de las Fuerzas Armadas de cualquier clase”.

Es por este llamado que las reincorporaciones tienen lugar a partir de fines de octubre y para el mes siguiente comienzan los grandes desplazamientos de las unidades que van dejando sus asientos de paz para tomar posiciones en los terrenos preestablecidos por cada comando a quienes se dio también amplias facultades a través del artículo 8°: “Autorízase a los Comandos en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea a realizar las requisiciones que fueran necesarias para cumplir los fines de los ensayos a ejecutar”.

Este último artículo tiene dos aspectos destacables. Por un lado le otorgó plena potestades a los comandantes de las tres fuerzas para requisar todos los elementos que consideren indispensables para la movilización y no estuvieran en poder o al alcance de las unidades afectadas. Esto incluía, entre otras cuestiones, medicamentos, alimentos, combustible y vehículos que podían ser obtenidos de dependencias estatales nacionales, provinciales y municipales e incluso de las empresas privadas y ciudadanía en general.

Por esta norma, por ejemplo, el Batallón de Ingeniero en Construcciones 121 recibió casi una decena de camionetas Chevrolet, doble cabina, cero kilómetro recientemente adquiridas por la Dirección Provincial de Vialidad del gobierno de Santa Fe. Y en este marco también se solicitó a distintas empresas de las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé el aporte de madera que fue destinada la confección de baúles para transportar elementos de administración (máquinas de escribir y papelería), herramientas y en algunos casos hasta municiones y minas antitanque y antiblindados.

Por el citado artículo 1° algunos ex soldados fueron reincorporados a batallones en los cuales habían cumplido el servicio militar y otros fueron destinados a unidades diferentes o nuevas, pero en su mayoría no fueron desplazados hacia la primera línea Sud-Oeste. Permanecían protegiendo los asientos de paz, como tropas de reserva y apoyo (Batallones de Protección) o fueron trasladados hacia la frontera Este (Corrientes y Misiones) por un eventual ataque de Brasil.

Los dragoneantes fueron dados nuevamente de alta como cabos y los aspirantes a oficiales de reserva como subtenientes. Igual suerte corrieron los egresados de los liceos militares quienes fueron ascendidos al primer grado de la oficialidad, generalmente como infantes o artilleros. Los AOR graduados en los liceos que realizaron cursos especiales obteniendo ascensos, también fueron incorporados con el grado correspondiente. Es decir, aquellos que eran tenientes, teniente primeros o capitanes de la reserva se incorporaron con la jerarquía ya obtenida a través de esa metodología.

Por el artículo 2° los suboficiales y oficiales que se encontraban retirados fueron reincorporados al servicio activo y se sumaron a sus pares que, sin pertenecer al escalafón de combate integraban las fuerzas armadas: músicos, cocineros, enfermeros, administrativos, etc. Todo este segmento fue destinado generalmente a hacerse cargo de las unidades que quedaban vacías y de los soldados reincorporados.

Por la amplitud de aquel Decreto 2348 es que Argentina reunió la mayor cantidad de tropas en la historia de Sudamérica: 250.000 según cómputos propios, 135.000 según estimaciones del alto mando chileno, que se enfrentarían a sus 80.000 tropas regulares y convocados diseminados en una frontera común de más de 5.000 kilómetros de longitud (la tercera más larga del mundo)

Es de destacar que aquella cifra de 135.000 estimada por los chilenos era enfatizada para desvirtuar lo que ellos sostenían como trascendidos de efecto psicológico lanzados por sus pares argentinos: 500.000 efectivos en la frontera Sud-Oeste.

Cómo se instrumentó el decreto

Para evitar los efectos propios de una superpoblación en los cuarteles los comandantes dispusieron dar cumplimiento al Decreto 2348 en forma, aunque rápida, progresiva. Es decir, primero se alistaron las tropas regulares y se ordenó el desplazamiento.

En las unidades del ejército por ejemplo quedaron únicamente dotaciones muy reducidas, incluso en algunas –y transitoriamente- suboficiales de máxima graduación (suboficial mayor y suboficial principal) quedaron a cargo de las mismas.

Los soldados que quedaban fueron dotados, por lo general, con fusiles máuser o viejas ametralladoras PAM2 y cubrían guardia munidos de un soto casco, es decir, de la cubierta plástica interior de los cascos de acero tipo americano M1 que se utilizaban en aquel entonces dado que el equipo completo (casco y sotocasco con sus correajes) se habían ido con los regulares movilizados.

Concretado el desplazamiento y con la unidad bajo control del personal en la forma antes indicada, comenzaron a llegar los reincorporados.

La función de estos se limitaba a custodiar la unidad en tanto que el grueso de los soldados, suboficiales y oficiales reincorporados eran destinados a tropas de reserva surgiendo así los llamados batallones de protección sobre los cuales nos hemos ocupado en este blog.

Una vez readaptados a la vida y rutina militar muchos de la región central y litoral fueron desplazados hacia las provincias de Misiones y Corrientes para contener una eventual intervención directa y activa en el conflicto por parte de la República Federativa del Brasil en tanto que los de la región pampeana tuvieron como finalidad actuar en apoyo de la II Brigada de Caballería Blindada detectando y neutralizando comandos o tropas avanzadas del ejército chileno que pudieran haber alcanzado territorio bonaerense en pos del objetivo Bahía Blanca.

La clave del artículo 8

En ninguno de sus 10 artículos el decreto dice específicamente para qué es la convocatoria ni cuáles son sus reales objetivos y alcances. Pero no se trata de un error normativo.

En el artículo 8° se dispuso: “Autorízase a los Comandos en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea a realizar las requisiciones que fueran necesarias para cumplir los fines de los ensayos a ejecutar”.

Pareciera esta ser una mera norma operativa, es decir, indicar a los ejecutantes de la orden de dónde podrán sacar los fondos y elementos necesarios para cumplirla. Pero sobre el final se indica que esos recursos tendrían por finalidad cubrir las necesidades “de los ensayos a ejecutar”. Y esta fue una terminología deliberadamente seleccionada por los redactores de la norma.

En ningún momento se habla de movilización de tropas ni de maniobras ni de ejercicios militares ni de ejercicios doctrinales. Y semejante movilización no podría ser ocultada, pero sí sus fines reales disimulados.

¿Por qué se eligió el término “ensayos”?. Para evitar los efectos que podrían acarrear una queja formal –a nivel internacional- de Chile.

Y en efecto lo hicieron. Cuando comenzó el desplazamiento de las unidades a mediados de octubre y se aceleró durante noviembre (particularmente a partir del 22 de ese mes), incluyéndose el cierre de algunos pasos fronterizos, el gobierno chileno elevó su protesta ante la OEA y la ONU considerando dicha movilización y cierre de frontera como un acto de agresión. Y esto, en el terreno de las leyes internacionales, particularmente en el derecho de guerra, tiene sus implicancias: habilita al país que se siente agredido (acción) a reaccionar, es decir, a emplear el uso de la fuerza sin recibir represalias por parte de otros Estados y sin tener que cargar con las consecuencias que pesan sobre todo Estado agresor.

Argentina, decreto en mano, sostuvo que solo se trataba de un ejercicio militar masivo e integral que se hacía ordinariamente cada 10 años. Los organismos internacionales no creyeron demasiado tal argumento, pero tampoco adoptaron ningún tipo de medida (advertencia o sanción)

Por esto, el gobierno trasandido replicó disponiendo que cualquier aeronave, civil, comercial o militar, que se introdujera en su espacio aéreo sin especial autorización previa, sería derribada.

El camino hacia el 22 de diciembre se había comenzado a desandar.